Alcaldía de Bucaramanga, imparcial en plebiscito por la paz

El fallo emitido por el Tribunal tendría efecto por lo menos hasta enero de 2019, fecha en la que regresarán los funcionarios de vacancia judicial.

Mediante una medida cautelar en respuesta a una acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Santander anuló el acto de la Procuraduría que ordenaba la suspensión temporal del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, a quien el organismo disciplinario había apartado del cargo mientras cursa una investigación en su contra.

La medida cautelar que emitió el organismo judicial tendría efecto inmediato. No obstante, la Procuraduría podría apelar la decisión hasta enero del 2019, debido a la vacancia judicial de fin de año.Por ende, Hernández Suárez podría volver al primer cargo de la ciudad.

En el auto emitido por el Tribunal, ese organismo jucdicial argumenta que «la Procuraduría General de la Nación con la decisión reseñada, incurre en violación a los derechos fundamentales al debido proceso y al sufragio pasivo, al ordenar de manera inmediata la suspensión del ejercicio del cargo, por el término de tres meses al alcalde de Bucaramanga».

A Hernández lo suspendió la Procuraduría luego de que se difundió un video en el cual se le ve al alcalde golpear en la cara al concejal John Claro, en medio de una discusión.

EL TIEMPO consultó a la firma de abogados Escamilla & Guzmán Asociados si el Tribunal puede quitar la medida impuesta por la Procuraduría a Hernández y un experto señaló que si, pero advirtió que aunque “el Tribunal ordenó, como medida provisional, suspender los efectos de la suspensión provisional que ordenó la Procuraduría, seguramente el Ministerio Público apelará la decisión y el proceso irá al Consejo de Estado y en ese caso, mientras se resuelve de fondo, Hernández seguirá suspendido”, dijo el experto.

Entre las medidas cautelares determinadas en el auto, se ordena además al gobernador de Santander, Didier Tavera, anular el decreto que nombraba a Manuel Francisco Azuero Figueroa como alcalde provisional mientras se elegía al designado para asumir el cargo durante la suspensión del titular.

El Ministerio Público ordenó la suspensión provisional del mandatario teniendo en cuenta que desde 2017 adelanta acciones disciplinarias en su contra, por quejas relacionadas con actitudes comportamentales desde ese entonces, y que habrían podido llevar a conductas reiteradas de vulneración a derechos como la dignidad y el buen nombre de quienes están en su entorno o interactúan con él en desarrollo de su gestión.

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